18/12/2009 | La Gaceta de Salamanca

La Junta aplicará su derecho de veto sobre las integraciones de las cajas de la Región con entidades foráneas, a través de los sistemas institucionales de protección (SIP), con efecto retroactivo. El Gobierno regional, gracias al voto de todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León en el pleno de ayer, aplicará esta modificación de la Ley de Cajas de la Comunidad Autónoma remontándose a la fecha de 4 de diciembre de 2009.

De esta forma, el Gobierno de Juan Vicente Herrera podrá bloquear cualquier decisión que tomen los consejos de administración de las cajas "con posterioridad al 4 de diciembre" en cualquier tipo de adhesión a un sistema institucional de protección (SIP) que suponga una alianza o integración, "ya sea mediante mecanismos puramente contractuales o mediante la creación de entidades para la realización de actividades comunes, destinadas a garantizar la liquidez y la solvencia de los participantes".

Esta nueva modificación de la Ley de Cajas se produce poco después de conocerse que Caja de Burgos está dando pasos para integrarse en un SIP con Caja Navarra, Caja Canarias y Sa Nostra, un aspecto que será abordado hoy en un consejo extraordinario en la entidad que preside José María Arribas, según reconocieron ayer fuentes parlamentarias regionales que, indicaron que, en cambio, no hay constancia de movimientos similares por parte de Caja de Ávila y Caja Segovia.

Hasta la fecha la Junta podía ejercer el derecho a veto en las fusiones de cajas de la Región con entidades de otras comunidades autónomas, un aspecto que ha empujado a Caja Duero y Caja España a estudiar un proyecto de unión. Caja de Burgos, en cambio, se descolgó de la fusión "a tres" el pasado 10 de noviembre y ha buscado nuevas alianzas a través del SIP, una fórmula que apenas supone costes en ajuste de plantillas y cierre de oficinas.

El Senado vivió ayer una jornada de revuelo tras aprobarse que se aplique la Ley Mercantil en la fusión de cajas. Muchos parlamentarios interpretaron que esta modificación supondrá que las Comunidades Autónomas se quedarán sin el derecho a veto en las fusiones entre cajas de diferentes regiones.

El seísmo se trasladó a las Cortes de Castilla y León, donde se analizó esta posibilidad, aunque fuentes parlamentarias y jurídicas estimaron que esta enmienda no terminará con el derecho de los gobiernos regionales a prohibir las fusiones interregionales y sólo da cobertura a la operación entre Cajastur y Caja Castilla La Mancha.