EXPANSION.COM 10/11/2009

Una vez más, el proceso de reordenación de las cajas de ahorro está dando muestras de una penosa politización. Un claro ejemplo es el de la fusión, en fase de negociación, de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos.

Pese a que el fin de semana parecía estar cerrado ya un principio de acuerdo, la fusión se está viendo lastrada por condicionantes localistas y partidistas que nada tienen que ver con los intereses de mercado de cada entidad.

Si prospera el proyecto tal y como está planteado, se dará la extraña situación de que una misma caja tenga su presidencia en una ciudad (León), su dirección general en otra (Salamanca) y los principales departamentos en otra (Burgos).

Todo para contentar a las cuotas de poder de los partidos políticos, sin tener en cuenta los criterios de eficiencia que deben guiar todo proceso de reestructuración financiera en un mercado sofisticado.

Estos mismos condicionantes políticos se repiten en todas las fusiones o integraciones de cajas del mercado español, muchas de las cuales se van a servir de recursos públicos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

Es hora de que el Banco de España, un supervisor dotado de gran autoridad entre las entidades españolas, imponga un criterio claro para llevar a cabo la reconversión financiera, en la que debe primar la cordura empresarial y los criterios estrictamente de mercado. De lo contrario, flaco favor se habrá hecho a la banca española una vez se supere la crisis.